La nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocida como LOTAIP 2.0, tiene como objetivo principal fortalecer el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información y las competencias de la Defensoría del Pueblo como ente rector, aportando a la transparencia en el país, y contribuyendo a incrementar la gobernabilidad basada en un sistema democrático que genere una verdadera propuesta de convergencia entre la ciudadanía y el Estado.
Enfatiza la transparencia activa y pasiva; y propone nuevas formas de transparencia (focalizada y colaborativa), así como la importancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los datos abiertos, la innovación pública y la participación y colaboración de la ciudadanía como medios de facilitación del ejercicio del derecho al acceso a la información pública.
Esta nueva versión de la LOTAIP se fundamenta en un trabajo colaborativo y multiactor. Desde el año 2019, organizaciones de la sociedad civil, la academia e institucio- nes estatales juntaron esfuerzos para cocrear una nueva ley que tenga a las personas en el centro, dejando atrás la visión Estado-céntrica que abrazó a la primera LOTAIP en 2004.
Asimismo, la LOTAIP 2.0 está fundamentada en la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública emitida por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020, que promueve el incremento de los niveles de transparencia y la lucha efectiva contra la corrupción, la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico, genera la confianza de la población en sus instituciones democráticas, y empodera a las personas, particularmente aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles obtener un adecuado conocimiento de los medios a su alcance para mejorar su calidad de vida.
La LOTAIP 2.0 es una ley que invita a las personas, sin importar su profesión o cargo en la sociedad, a ejercer el derecho de acceder a información pública desde la corresponsabilidad que nos obliga a la ciudadanía a conocer la informa- ción, utilizarla para fiscalizar la gestión pública, para generar iniciativas productivas, para innovar y para que se materialice en bienestar colectivo.
