Esta situación se conoce como denegación de información y es la falta de respuesta de una solicitud de acceso a la información pública en el plazo establecido, el rechazo expreso a la petición o la respuesta inexacta o falsa entregada por quienes están obligados, los cuales pueden ser sancionados por esta negativa.
Si se niega la información, la ciudadanía puede emprender varios caminos, desde una gestión inmediata realizada desde la Defensoría del Pueblo para requerir que se responda con la información solicitada hasta emprender acciones legales para ejercer y garantizar la atención al requerimiento.
Cuando la persona solicitante considere que su pedido no ha sido atendido cabalmente podrá exigir la corrección en la difusión ante la misma institución, la que tendrá un plazo de diez días para atender esta nueva solicitud. Si, transcurrido este tiempo, no hay respuesta adecuada, se podrá solicitar la intervención de la Defensora o del Defensor del Pueblo, dentro de un plazo no mayor a 30 días desde el vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de su solicitud.
Recibida la petición, la Defensora o el Defensor del Pueblo emitirá un informe correctivo de aplicación obligatoria a la información que se difunde determinando el plazo perentorio para su implementación. La gestión oficiosa no podrá extenderse más allá de 30 días desde que sea recibida la petición, cumpliendo sus características de inmediatez, oportunidad y eficacia.
Si se incumple el pedido ciudadano, se da lugar a las sanciones administrativas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, entre ellas el cometimiento de una falta grave, que puede desencadenar en una suspensión o destitución de la persona funcionaria responsable.
Si la falta viniere del área privada que maneje o recibe fondos públicos serán sancionados con la suspensión del Registro Único de Proveedores mientras dure el incumplimiento y, en el caso de las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales, se las inhabilitará para participar conjuntamente con el Estado en ejecución de proyectos.
